Yojanan ben Abraham *                                                                  

Hay expresiones políticas que poseen una memoria más larga que quienes las pronuncian. En la España de 1941, Francisco Franco encontró una fórmula de una eficacia extraordinaria: “La conspiración judeo-masónica” Servía para explicar retrospectivamente la Guerra Civil, identificar al enemigo exterior y condensar en tres palabras una realidad histórica mucho más compleja. El franquismo perfeccionaría después ese procedimiento y la «conspiración judeo-masónica», era invocada una y otra vez como origen remoto de males que podían tener causas muy distintas.

Por supuesto, Pedro Sánchez no es Franco y la España de 2026 no es la dictadura de 1941. Sería absurdo establecer esa equivalencia. Lo interesante se encuentra en otro lugar: en la sorprendente proximidad lingüística y conceptual de determinados mecanismos políticos.

El presidente del Gobierno ha explicado la crisis de Ceuta señalando que «hubo redes rusas e israelíes que difundieron esos bulos y atacaron al Gobierno de España», vinculando esas actuaciones con las posiciones españolas sobre Ucrania y Gaza. Al mismo tiempo, ha descartado la responsabilidad de Marruecos alegando que no dispone de información que permita atribuírsela.

La cuestión es muy concreta: ¿qué relación causal puede establecerse entre esas redes y la entrada en Ceuta de decenas de miles de personas procedentes físicamente de territorio marroquí?

La propia Unión Europea ha precisado que a carecía de pruebas de que Israel hubiera provocado los acontecimientos. La explotación propagandística de una crisis y su desencadenamiento pertenecen a planos distintos. Su confusión transforma un problema de seguridad nacional y política exterior en un relato sobre enemigos digitales.

El relato posee, además, una ventaja formidable para quien gobierna:  Israel es una abstracción lo suficientemente grande como para explicar casi cualquier cosa. Exactamente igual que “la conspiración judeo-masónica” del anterior caudillo.

El adversario aparece como una entidad exterior, gigantesca y difusa. Resulta muy difícil discutir con un fantasma geopolítico, como ocurría durante el franquismo con aquellos enemigos ubicuos que parecían actuar siempre desde algún lugar remoto.

Este mecanismo produce también una peculiar encerrona dialéctica. Quien cuestiona la explicación presidencial parece obligado a «defender a Rusia e Israel», aunque su objeción consista simplemente en preguntar qué hicieron exactamente Rusia e Israel para que decenas de miles de personas atravesaran la frontera española desde Marruecos. El espectador queda situado artificialmente ante dos alternativas: aceptar la explicación gubernamental o convertirse en abogado de Moscú y Jerusalén. Existe una tercera posibilidad, bastante más sencilla: pedir pruebas.

Mientras discutimos sobre redes israelíes, hay otro Estado cuyo nombre posee una relación geográfica bastante más inmediata con Ceuta: Marruecos.

Las personas que entraron en Ceuta llegaron desde Marruecos. La frontera que atravesaron es la frontera con Marruecos. La capacidad policial para contener o facilitar esos movimientos se encuentra, del otro lado, en manos marroquíes. El Reino de Marruecos mantiene además una reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla. Su ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, volvió recientemente a calificarlas como un «derecho histórico y geográfico» marroquí y habló de su «retorno al seno de la patria».

A este escenario se ha añadido ahora una declaración procedente del propio Gobierno que introduce una dimensión distinta y particularmente delicada desde la perspectiva del antisemitismo.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmó el 24 de septiembre, durante la presentación del embajador palestino Fadi Elhusseini en el Fórum Europa, que «no nos hemos equivocado de bando». A continuación, sostuvo que la posición de los españoles era «nítida» y favorable a «una Palestina libre desde el río hasta el mar».

Las dos expresiones merecen ser leídas conjuntamente.

La palabra «bando» introduce una división tajante en un conflicto cuya resolución, según la posición oficial española y europea, requiere precisamente el reconocimiento de dos comunidades políticas. La Unión Europea continúa defendiendo una solución que en ningún momento borra del mapa al Estado de Israel: La ministra se sale del marco del derecho internacional y de la Unión Europea.

La referencia al río y al mar plantea además una cuestión territorial inevitable. El río es el Jordán y el mar es el Mediterráneo. Entre ambos se encuentran Gaza, Cisjordania y el territorio internacionalmente reconocido del Estado de Israel.

La banda terrorista Hamás ha empleado esa misma delimitación territorial. Su documento político de 2017 afirma que rechaza cualquier alternativa a la «liberación completa» de Palestina desde el río hasta el mar. El mismo documento mantiene el rechazo a la legitimidad del Estado de Israel. La utilización de la expresión no permite establecer una identidad automática entre quien la pronuncia y Hamás, pero su presencia en el discurso de esta organización obliga, sin embargo, a considerar cuidadosamente su significado cuando procede de una ministra del Gobierno de España y aparece acompañada por la afirmación «no nos hemos equivocado de bando».

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas concluyó que Hamás y otros grupos armados palestinos cometieron el 7 de octubre crímenes de guerra que incluyeron ataques deliberados contra civiles, asesinatos, torturas y tratos crueles, toma de rehenes y violencia sexual. La ONU documentó asimismo mutilación y profanación de cadáveres, y posteriormente concluyó que algunos rehenes sufrieron tortura, violación y otras formas de violencia sexual durante el cautiverio.

¿Es ese el bando del Gobierno español? ¿A qué otra realidad se le puede aplicar la palabra “bando” en este contexto? ¿Quién aparte de Hamás tiene como objetivo “del río al mar”? Porque la OLP y otras organizaciones palestinas nunca lo defendieron.

Hay además una contradicción institucional que merece atención.

España refrendó en 2020 la definición de trabajo de antisemitismo de la International Holocaust Remembrance Alliance. Posteriormente, el Gobierno incorporó esa definición al Plan Nacional de lucha contra el antisemitismo. Se trata de una definición de trabajo jurídicamente no vinculante, concebida como instrumento para facilitar la identificación y prevención de las manifestaciones contemporáneas del antisemitismo.

La IHRA incluye entre sus ejemplos, atendiendo siempre al contexto, la negación al pueblo judío de su derecho a la autodeterminación, y menciona como ejemplo la afirmación de que la existencia de un Estado de Israel constituye un proyecto racista o planteamientos que vayan en la dirección de la desaparición de dicho estado.

¿cómo se concilia el compromiso oficial de España con la solución de dos Estados y con el derecho de autodeterminación del pueblo judío con la reivindicación, desde el propio Consejo de Ministros, de una Palestina extendida «desde el río hasta el mar»?

La posición oficial europea aporta otro elemento relevante. La Unión Europea mantiene a Hamás sujeto a su régimen de medidas restrictivas contra organizaciones terroristas y continúa defendiendo una solución de dos Estados. El horizonte jurídico y diplomático europeo contempla, por tanto, la existencia de Israel y Palestina, y no la absorción territorial de uno por el otro. La postura del Gobierno Español, en boca de la ministra, parece ir en contra del Derecho Internacional.

Las dos polémicas recientes pueden contemplarse ahora conjuntamente.

En una, Israel aparece asociado por el presidente del Gobierno a redes de desinformación e injerencia relacionadas con una grave crisis en territorio español. En la otra, una ministra reivindica una Palestina «desde el río hasta el mar» y encuadra su posición mediante la terminología de los «bandos».

Tenemos que preguntarnos por el lugar que Israel está ocupando en una determinada construcción del discurso político español y si este discurso no está vulnerando los compromisos en materia de antisemitismo. ¿Hay una alianza contra natura entre la izquierda y un sujeto político retrógrado en materia de igualdad y derechos humanos como es el islamismo radical?

La cuestión resulta especialmente sensible por el contexto: España atraviesa un crecimiento muy preocupante de los incidentes antisemitas. La expresión «no nos hemos equivocado de bando» resulta especialmente desafortunada desde esta perspectiva. En materia de derechos humanos y Derecho internacional, entre el Jordán y el Mediterráneo viven dos pueblos. España afirma oficialmente el derecho de Israel a existir y condena toda afirmación tendente a lo contrario como antisemita.

Cuando una ministra reivindica una Palestina «desde el río hasta el mar», está incumpliendo el propio compromiso internacional del Gobierno español, vulnerando las disposiciones del Derecho Internacional y, lo más siniestro, el bando al que parece referirse está representado mayoritariamente por una organización criminal. A ese nivel han caído.

Que los españoles tengan todo ello en cuenta a la hora de votar.

* Doctor en Filosofía. Abogado. Residente en Madrid, es activista contra el Antisemitismo.